La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual o institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico; constituye una violación de los derechos humanos. Incluye la violencia y discriminación contra la mujer y las personas LGBT+, así como el sexismo -discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro-; la misandria -odio o aversión hacia los varones, desprecio al varón como sexo y a todo lo considerado como masculino-; la misoginia -detestar a la mujer; se usa para referirse a creencias o expresiones emocionales, psicológicas e ideológicas de odio hacia las mujeres y a lo femenino-; la homofobia -aversión hacia la homosexualidad o contra personas homosexuales; abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia alguien por motivo de su orientación homosexual-; y, la transfobia -rechazo que sufren las personas transexuales al transgredir el sistema sexo/género socialmente establecido-. Si bien todos los grupos mencionados son o pueden ser víctimas de violencia de género, las mujeres y niñas son predominantemente las víctimas.
La violencia de género presenta distintas manifestaciones, como actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las religiones, el trabajo, la sexualidad, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos, la cultura, etc.
De todas las modalidades de violencia de género mencionadas, la más común en nuestro medio es la violencia sexual, normalmente del sexo masculino al femenino. Dentro de esta modalidad y evaluándola por sectores, el de Educación es el que cuenta con la mayor cantidad de denuncias, pudiéndose citar como muestra de esta aseveración, lo publicado recientemente por el diario El Comercio, según el cual desde el año 2012 se ha sancionado a más de 1200 servidores públicos por acoso, abuso y violación sexual, de los cuales el 84 % pertenece al Sector Educación. En el artículo que publica esta noticia, el citado diario rescata la opinión de la abogada de una asociación feminista que trabaja por la superación de la desigualdad basada en género, Proyecta Igualdad, Brenda Alvarez, quien sostiene que, el hecho de que el sector Educación concentre el mayor número de sancionados por violencia sexual “puede ser indicativo de que se están presentando altos niveles de abuso contra niños dentro de las instituciones educativas”. La misma abogada, indica también que el problema evidencia “la falta de medidas prevención y de protección adecuadas para garantizar su seguridad y bienestar”. En lo que va de 2023, ya se ha sancionado en última instancia a más de 80 docentes por violencia sexual.
Si bien parte de la información anterior tiene el propósito de proporcionar el concepto de las autoridades y los responsables de evitar que los actos de violencia de género se produzcan, los mismos suceden y cada vez con mayor frecuencia y de manera más vil. Posiblemente el último caso más sonado, por lo menos en Lima, es el de la chica de tan sólo 18 años de edad que fue rociada con gasolina y quemada viva por su hasta ese día enamorado, porque ella ya no quería continuar sus relaciones sentimentales con él.
Es casi inconcebible que se pueda matar por un motivo tan fútil -es de resaltar que, mientras ella tenía 18 años, él aparenta en las fotos que se han publicado no llegar a los 30: dos casi criaturas, con mucha vida por delante si otras fueran sus circunstancias-; obviamente, es derecho de toda persona, mujer u hombre, cambiar de parecer y hasta de sentimientos respecto a otra persona y, el afectado/a tiene que aceptarlo, tan simple como eso.
Pero este, no es sino un ejemplo de crueldad al límite en cuanto a la violencia de género; por supuesto, la mayoría de estos casos no llegan al uso de violencia tan extrema, pero no dejan de ser violencia, al fin.
A raíz del caso anotado, se ha conocido por los medios de difusión que en nuestro medio conviven con nosotros, una serie de incursos en delitos por el empleo de violencia sexual, los que aparecen en listas de delincuentes más buscados y con cantidades significativas de recompensa por brindar información que permita encontrar a cada uno de ellos.
Considero realmente pobre que una entidad como la Policía Nacional del Perú tenga que recurrir a este ofrecimiento para tratar de cumplir con su obligación de encontrar y detener al delincuente para ponerlo en manos del Poder Judicial. Con tal ofrecimiento, lo único que hacen es demostrar su ineptitud, su orfandad de planes de inteligencia de los cuales valerse para actuar con precisión; también, su falta de profesionalismo.
Por otro lado y volviendo al ejemplo utilizado líneas arriba, resulta del todo imperdonable que el asesino de la chica haya tenido tiempo de huir, con todo descaro, del lugar del crimen y que nadie, mucho menos la policía, haya intentado interrumpir su fuga; no es aceptable que un lugar tan céntrico como la Plaza Dos de Mayo de Lima -o muy cerca en realidad, a una cuadra según las informaciones periodísticas- no cuente con vigilancia policial -rondas permanentes, por ejemplo-. También lo es, que a sujetos denunciados por delitos de violencia de género, la policía los lleve detenidos ante un juez y éste los deje en libertad “por falta de pruebas”.
Es necesario, urgente además, que se establezcan y apliquen formas de selección de personal que permitan determinar si cuentan con antecedentes y/o si poseen rasgos de personalidad que permitan suponer comportamientos reñidos con la moral y buenas costumbres, en general, así como de violencia de género. A manera de complemento necesario, se deben dictar charlas y cursos periódicos al personal de empresas y entidades públicas sobre violencia sexual y su prevención. Asimismo, se debe establecer la aplicación de penalidades que sirvan de escarmiento y para disuadir comportamientos de esta naturaleza.
La gravedad y la prevalencia de estas conductas de violencia requieren redoblar esfuerzos para dar avances hacia su disminución y su completa erradicación. Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como órgano rector en los temas de igualdad de género y violencia, le corresponde ser el principal impulsor de las políticas públicas dirigidas a enfrentar a la violencia basada en género.
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