El 3 de abril del año en curso, después de haberlo anunciado desde marzo anterior, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso de la República planteando la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la que tendría a su cargo la ejecución de diversos proyectos y programas. Además, esta nueva entidad absorbería en un plazo de 180 días a la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
El 20 de julio último, la Presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), junto al titular del Congreso, José Williams y al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
La mandataria destacó que este organismo público ejecutará, de manera descentralizada, las grandes obras que necesita el país, y será más eficiente y efectiva en el objetivo de reducir las brechas en infraestructura, sobre todo en los sectores vulnerables del Perú profundo. En su discurso, la jefa de Estado agradeció el consenso alcanzado en el Congreso para la aprobación del proyecto que presentó el Ejecutivo en torno a la creación de la ANIN, la cual pondrá énfasis en obras como centros regionales especializados en la atención del cáncer. El proyecto, busca reducir la brecha de infraestructura a nivel nacional que, hasta el momento, asciende a más de S/ 120 mil millones.
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, puso de relieve que la promulgación de la ley implicará una reforma profunda en el proceso de construcción de infraestructura y resaltó que la ANIN trabajará con todos los gobiernos regionales y locales. A su turno, el titular del Congreso, José Williams, dijo que la ley es resultado de un trabajo conjunto en beneficio de la nación, al subrayar que la ANIN será estratégica para obras emblemáticas como carreteras, represas y otras que requiere el país.
La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Economía y Finanzas, Alex Contreras; de Educación, Magnet Márquez; de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar. También participaron la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales; el contralor Nelson Shack; el titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Rohel Sánchez, y representantes de la sociedad civil.
Es de resaltar, que la promulgación de esta ley contó con asistencia de autoridades que estarán involucradas, de una u otra forma, en el desarrollo de las actividades propias de su finalidad; por consiguiente, deberíamos esperar que no sea un “saludo a la bandera”, uno más de los que lamentablemente ocurren en el Perú.
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene a su cargo una cartera de proyectos o programas de inversión en infraestructura que cuenten con montos de inversión iguales o mayores a doscientos millones de soles, que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución.
La norma establece la creación de una entidad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, que disponga la formulación, construcción y mantenimiento de proyectos o grandes inversiones de responsabilidad funcional en Transporte, Salud, Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Saneamiento, Agropecuaria, Orden Público y Seguridad, y Ambiente.
Ello, luego de conocer que, en promedio, cada municipalidad tiene 78 proyectos activos y 70% de ellos tienen más de 3 años sin ejecutar. “Hemos advertido que existen 1879 obras paralizadas, obras financiadas que no se ejecutaron, entre otras cosas, por la falta de liderazgo, poca eficiencia de las autoridades y falta de voluntad política para cerrar esta brecha de infraestructura”, sostuvo al respecto el titular de la PCM.
Aunque descartaron la absorción de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), el premier sostuvo que la fusión “se puede definir a través de algún Decreto Supremo que el Ejecutivo puede aplicar”. No obstante, aseveró que esta otra entidad continuará los proyectos que tiene a cargo hasta el 31 de diciembre de este año.
Las principales funciones de la nueva institución, son las siguientes:
a) Formular y ejecutar los proyectos o programas de inversión que estén a su cargo, en coordinación con los tres niveles de gobierno, según corresponda.
b) Mantener la infraestructura, equipamiento y/o mobiliario de los proyectos o programas de inversión ejecutados por un periodo de hasta cuatro años, si así corresponde.
c) Formular y ejecutar, mejorar y conservar obras de defensa civil estratégica, para prevenir y/o controlar inundaciones y otros peligros asociados al cambio climático u otras calamidades públicas.
d) Gestionar y suscribir contratos, acuerdos y/o convenios vinculados al cumplimiento de su objetivo.
e) Asegurar que los estudios técnicos y consultorías especializadas cuenten con la calidad suficiente para garantizar la incorporación de los parámetros técnicos. Asimismo, se encarga de publicar en la sede digital de la Autoridad el impacto de las consultorías que se efectúen a propósito de la cooperación y las operaciones oficiales de crédito en el cumplimiento de su objetivo.
f) Ejercer las facultades coactivas a nivel nacional respecto a los procesos y procedimientos de su competencia de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y al Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y, dictar otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, en lo que corresponda y cuando la Autoridad sea Entidad Ejecutora.
g) Informar a los órganos rectores de los sistemas administrativos las buenas prácticas de gestión de proyectos, a partir de las intervenciones que ejecute.
En el mismo mes de abril, publiqué una Columna de Opinión con el título de Reconstrucción con Cambios, en la que hice y transcribí comentarios acerca de la propuesta del Ejecutivo, poniendo especial énfasis en los que brindaron mediante un artículo conjunto publicado en el diario El Comercio el 16 de marzo, los señores Carlos Neuhaus Tudela -ampliamente conocido por su excelente gestión a cargo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 realizados en el Perú- y Yuliño Anastacio Clemente -CEO de la plataforma de Gestión Pública Govierna-, en el que sostienen la necesidad de que exista o se cree una entidad de carácter público pero autónoma, con rango ministerial, a la que se encargue el desarrollo de infraestructura “que esté a la altura de las necesidades y retos que aquejan al país”. Como características de primera importancia que debe satisfacer esta entidad, con carácter de obligatorias, mencionan las siguientes:
v Tener visión de largo plazo.
v Ser la única entidad responsable de articular y priorizar las obras públicas del país.
v Dotar a la entidad de arreglos institucionales que garanticen meritocracia, legado y transmisión de conocimientos, así como acceso a cuadros profesionales de primer orden.
v La entidad a crear, debe trabajar en forma conjunta con la Contraloría General de la República, la que aplicará al efecto el sistema de control concurrente.
v Además de tener responsabilidad integral sobre construcción, reconstrucción y mantenimiento de infraestructura, asumir también la prevención de riesgos y desastres, así como del destrabe de obras paralizadas.
De la lectura del texto de la ley, no me queda claro qué tanta importancia se haya dado a las recomendaciones anteriores como para ser consideradas parte de ella, naturalmente, hay referencia lógica a algunas de las recomendaciones, pero no cabe la posibilidad de afirmar que sea intención de la norma promulgada aplicarlas literalmente o en su fondo.
Es, pues, necesario reconocer que se ha creado un nuevo y muy importante pliego presupuestal, del cual se va a conocer bastante más al momento de la emisión del correspondiente Reglamento de la Ley promulgada -para cuyo efecto, la misma dispone un plazo de sesenta días calendario-. Hasta que ello suceda y, paralelamente, se nombre al jefe de la entidad, sólo cabe esperar que esta vez sí se esté haciendo algo por el bien del país. De lo contrario, como decía hacia el final de mi citada Columna de Opinión, “si resultara un error más, no se perdería mucho más de lo que se puede perder con las cosas como están, es decir sin la creación de la mencionada entidad; pero, en cambio, si las cosas se hacen bien, es mucho, muchísimo, lo que podríamos ganar.
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