Después de dejar pasar algunos días para expresarme con serenidad, la presente Columna de Opinión va a estar dedicada al proceso de vacancia presidencial que vivió el Perú, entre los días 10 y 18 de setiembre recientes.
Considero necesario decir que el punto de vista que a continuación voy a dar a conocer, tratará de exponer mis ideas al margen de cualquier inclinación política que pudiera yo tener -si es que en este caso la tengo-, para destacar lo que creo que no debió suceder.
Como es de público conocimiento, toda esta situación empezó cuando el congresista Edgar Alarcón, en un alarde de exhibicionismo, interrumpió la sesión del Pleno del Congreso que se estaba iniciando el martes 8 de setiembre último, para pedirle al Presidente, congresista Manuel Merino de Lama, que se escuchara una grabación de hasta tres audios de conversaciones telefónicas (vía celular) que se le habían hecho llegar y que él consideraba de primerísima importancia y de urgente audición. Sin más preámbulo, el congresista Merino dispuso que se hicieran escuchar los tres audios por el Pleno y, consecuentemente, por toda la teleaudiencia, que era amplia, porque se estaban por tratar temas de especial interés para el país, tales como una reforma constitucional pendiente de votación en Segunda Legislatura, aprobación de leyes para el proceso de elecciones actualmente en marcha y, la posible censura a la ministra de Economía y Finanzas, que estaba por ser votada en un plazo de entre cuatro y diez días posteriores a su interpelación, el mismo que iba corriendo desde el lunes 7 anterior.
Al propalarse los audios, se produjo una gran consternación -efecto deseado, según se pudo comprobar posteriormente- porque se puso en evidencia que el Presidente de la República había mentido en una investigación casi rutinaria que se estaba llevando a cabo para determinar por qué motivo se había contratado -indebidamente- los servicios de una persona que no llenaba los requisitos para ese efecto en el Ministerio de Cultura, no sólo una sino varias veces y durante las gestiones de, también, varios ministros de ese Sector.
Debido a ese “descubrimiento”, que demostró que el Presidente Vizcarra había faltado a la verdad al decir que nada había tenido que ver en la contratación del “artista” Richard Cisneros, porque él y su grupo más cercano en Palacio de Gobierno -el mismo que lo acompañaba desde que fue Presidente Regional de Moquegua entre 2011 y 2014-, estaban preparando la forma en que la asistente personal del Presidente, Karem Roca, debía responder a las preguntas que se le hicieran tanto en la Fiscalía como en la Comisión de Fiscalización del Congreso -presidida por Edgar Alarcón- a donde había sido citada: el propósito de la “estrategia” que se planificaba, era deslindar toda responsabilidad del Presidente en la contratación. Debido a esos audios, posteriormente reconocidos como fidedignos por el propio Presidente de la República, no se puede sino reconocer que la persona que ostenta la Presidencia de nuestro país ha quedado muy mal parada y que se le deberá abrir una investigación al respecto tan pronto termine su mandato constitucional, independientemente de las consecuencias penales y/o políticas que puedan ocurrir hasta entonces con quienes han tenido que ver directa o indirectamente en este hecho.
Como se ha podido inferir posteriormente, con audios grabados en su integridad por la asistente Roca, el congresista Alarcón ha tenido mucho que ver en su grabación y posterior “debelamiento”, lo que demuestra que el citado parlamentario “se la tenía jurada” al Presidente Vizcarra por oscuras razones que seguramente saldrán a la luz cuando las investigaciones de todo este tinglado se realicen. Entre tanto, sin embargo, resulta indigno y delictivo que un parlamentario use la representación congresal para satisfacer apetitos personales, de la índole que los mismos sean.
Otro rol importante en toda esta trama para dejar vacante la Presidencia de la República, lo desempeñó el congresista Merino, que empezó por autorizar la escucha de los tres audios que le alcanzó su colega Alarcón -se ignora si hubo alguna colusión previa entre ambos, aunque hay quienes la sospechan-, sin haberlos sometido a peritaje alguno, como era pertinente. Además de ello y mientras se decidía a nivel del Congreso si había mérito para solicitar la vacancia de la Presidencia de la República, el congresista Merino, en su condición de Presidente del Congreso, intentó comunicarse con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas -quien se disculpó con el pretexto de que se encontraba en proceso de viaje y la comunicación era de mala calidad- y, se supone que al no lograrlo, lo hizo con el Comandante General de la Marina, a quien le dijo que “en el marco de la Constitución, se iba a iniciar un proceso que podría terminar con la salida de Martín Vizcarra de la Presidencia en referencia a la esperada presentación de la moción de vacancia que se anunció horas después. Merino esperaba que el proceso pudiera llevarse a cabo con normalidad” -según el portal de investigación IDL Reporteros-.
Merino, obviamente, esperaba que se produjera un fallo contrario a Vizcarra, para que se declarara vacante su cargo y se le nombrara a él nuevo Presidente de la República, porque constitucionalmente le correspondía en las circunstancias actuales. Se sospecha que uno de los primeros pasos que hubiera dado, de haber sido así, habría sido prorrogar el proceso electoral por un mínimo de dos años, para quedarse más tiempo en el poder que los poco más de diez meses que le habrían correspondido. Ha quedado, flotando en el ambiente, la ambición que sintió el congresista Merino por ocupar la Presidencia de la República, lo que seguramente justificará, en su momento; que se le juzgue como traidor, independientemente de lo que arrojen las investigaciones al actual Presidente en ejercicio.
Otro acto que demuestra la falta de calidad moral de muchos de los actuales parlamentarios, es la forma en que se expresó el congresista Omar Chehade cuando le tocó hacer uso de la palabra en el debate posterior a las alocuciones del Presidente Vizcarra y de su abogado al presentarse en el Congreso, como correspondía, para el debate sobre la vacancia presidencial. Chehade, al que no llamaría “señor” ni aunque me fuera en ello la vida, demostró su poca o ninguna calidad personal, al tildar al señor Vizcarra como “pato rengo” y como “pato cojo” -apelativos que, según él, se usan internacionalmente para calificar a políticos cuyos actos los hacen acreedores a esa despectiva calificación; sin embargo, he tenido oportunidad de ver por televisión a una internacionalista, quien dijo que desconocía el uso de esos sobrenombres a políticos por causa alguna-.¿Qué es lo que pretendía ese individuo al referirse así a quien en el momento y hasta ahora detenta el cargo de Primer Magistrado de la Nación?; ¿creía, acaso, que por vociferar ese improperio iba a crecer de alguna manera?; ¿es que no fue capaz de darse cuenta que al actuar así, quien disminuyó enormemente su talla fue él mismo?. Ahora, para las personas de bien, Chehade luce como un enano moral, sin importar lo que él crea de sí mismo; carece de interés, que ostente el título de abogado que usó para defender a un acusado de asesinatos como es Ollanta Humala, lo que le valió para ser candidato ganador de una de las vicepresidencias de la República con aquel candidato: eso, sólo demuestra que la profesión pasó por él, pero que él no pasó por la profesión.
A través de estos “personajes”, el actual Congreso ha demostrado, lamentablemente, que sus recintos han sido invadidos por gente de la peor calaña. Ojalá, que el próximo proceso de elecciones generales, nos depare una mejora de calidad en los políticos que elijamos para que nos representen. Quienes así atentan contra o se expresan de forma tan procaz del Presidente de la República, demuestran que no les preocupa, en lo más mínimo, atentar contra quienes con su voto lo ubicaron en la posición que ostenta -no importa, en este caso, que Martín Vizcarra haya sido elegido en segunda línea dentro de una plancha presidencial-.
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