Con motivo de cada proceso de elecciones generales, los peruanos somos testigos involuntarios de cómo la política y los políticos se van degradando en nuestro país. Cada vez resulta más ostensible el comportamiento de los políticos y de los partidos que los cobijan: por llevar “agua para su molino”; los intereses de la Patria, de los peruanos y las múltiples promesas que hicieron para lograr el voto ciudadano, se olvidan o son relegados al último “rincón de los recuerdos”.
Con el mayor descaro, actualmente, los políticos que ocupan cargos de diferentes niveles en el Poder Ejecutivo, así como los congresistas en general, hacen alarde de sus propósitos personales o grupales, sin importarles para nada el “qué dirán”, ni los efectos que sus acciones tienen en las encuestas de opinión, que cada vez son más explícitas en cuanto a lo mal que los ve la opinión pública.
Actualmente, al Ejecutivo, no le interesa en lo más mínimo, que quienes nombra para ocupar cargos de todo nivel, sean personas con manchas demasiado notorias en su historia de vida; asimismo, que todas las entidades del sector público estén siendo copadas por personas sin formación adecuada, que no reúnen los requisitos para cada cargo y cuyo único fundamento para ser nombrados es que forman parte del Partido de Gobierno. A los congresistas, por su lado, no les importa emitir normas que atentan contra el progreso del país -el caso más clamoroso, el de SUNEDU-, así como mantener en sus cargos a personas absolutamente nocivas -al Ministro de Transportes y Comunicaciones no lo censuran, a pesar de que él es deudor de papeletas de tránsito como conductor de vehículos de servicio público y, de que protege a los choferes de servicio público informal, que en general también son deudores de multas por montos significativos correspondientes a faltas de carácter grave o muy grave-.
Los partidos políticos, los actuales, han dejado de lado los principios partidarios, para seguir ideas o fijar objetivos que, siendo de carácter secreto porque no les conviene divulgarlos, pronto se ponen en evidencia por las acciones que desarrollan, dejando de promover beneficios o desarrollo para el país, para proponer o dictar normas que notoriamente persiguen beneficios para personas o grupos de poder económico. Los casos más evidentes, en el actual Parlamento, corresponden a los partidos Podemos, de José Luna Gálvez; y, Alianza para el Progreso, de César Acuña Peralta. Los actos de las bancadas parlamentarias de estos dos partidos políticos, manejadas por los “propietarios” de los mismos, para nada se hacen a favor del país ni de los peruanos en general, propugnan la emisión de leyes en beneficio de sus mencionados líderes; y, si para lograr que el Pleno del Congreso las emita a nivel congresal tienen que comprometer sus votos para, por ejemplo, no impedir medidas a favor de los choferes de servicio público informal, “sacrifican” sin el menor pudor sus principios. Es una práctica muy común en estos tiempos, que lleva a la conclusión de que los mal llamados “padres de la Patria” carecen de moral.
Otra práctica reciente de algunos partidos políticos, es que se ofrecen o se brindan como “vientres de alquiler”. El ejemplo más claro en estos momentos, es cómo el partido político Perú Libre se prestó a llevar a un “extraño” al mismo para alcanzar la Presidencia de la República, lo que actualmente le permite exigir “prebendas” por haber encumbrado a Pedro Castillo a la primera magistratura de la Nación.
Soy de opinión que esta situación y su constante deterioro deben ser corregidos y terminados. Como, lamentablemente, las dos entidades que podrían y, sobre todo, deberían hacerlo -los Poderes Ejecutivo y Legislativo-, no lo harán porque no les conviene, considero que los centros de estudios superiores que brindan formación en Ciencias Políticas -Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Nacional de Trujillo, actualmente las únicas que lo hacen en el Perú-, deberían enfocarse en democratizar, darle atractivo al estudio de dicha especialidad y divulgar su existencia para empezar a “producir” profesionales suficientes en esta área cuya necesidad está quedando demostrada con la “pobreza de espíritu” de nuestros actuales políticos.
Es cierto que un intento de esta naturaleza demoraría, pero siempre sería mejor que no hacer ninguno. A la vez, entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Civil Transparencia y alguna(s) otra(s) que por función fueran ajenas a la política partidaria y a los Poderes del Estado, deberían llevar a cabo campañas de divulgación entre la ciudadanía, ante cada proceso electoral que fuera a tener lugar, para “concientizarla” respecto a sus obligaciones frente a tales procesos, así como hacerle ver las consecuencias de no meditar apropiadamente su voto: considero que, por lo menos, se debería exigir formación profesional, de calidad, a quienes postulen a los diversos cargos públicos que se someten a elección en cada proceso, mientras no se desarrolle la formación en ciencias políticas que propugno.
Honestamente, no sé si la sugerencia que aquí planteo sería adoptada por personas con capacidad de ponerla en práctica y, si daría el resultado que implico de que nuestros políticos se conviertan en nuestros verdaderos servidores pero, definitivamente, hay que hacer algo al respecto y con carácter de urgente.
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