Debido a la presentación de un fuerte fenómeno de El Niño Costero el año 2017, el Gobierno de entonces creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), para reconstruir la infraestructura dañada en 13 regiones del país, así como también movimientos de masas -huaicos, derrumbes y deslizamientos- abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Junín y Loreto.
En ese sentido, el 25 de abril de 2017 se emitió la Ley N° 30556 creándose la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), cuya misión principal fue liderar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público comprometida como consecuencia del fenómeno climático.
Fue creada como una entidad adscrita a la PCM de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar la planificación y programación conjunta de las intervenciones para la reconstrucción, articular las inversiones de las distintas entidades públicas en favor de la misma, monitorear que las intervenciones se ejecutaran conforme a la programación realizada y fortalecieran las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Se encargó la ejecución de las obras de Reconstrucción con Cambios a los ministerios de Vivienda, Transportes, Agricultura, Educación y Salud, así como a los gobiernos regionales y locales.
Se asignó como presupuesto para los trabajos correspondientes, el monto de S/ 25 655 millones para 12 514 intervenciones. De este total, alrededor del 72% -S/ 18,472 millones- debía dedicarse a obras de reconstrucción con cambios de la infraestructura afectada -agricultura, transporte, salud, educación, saneamiento y, pistas y veredas-, mientras que aproximadamente el 21% -S/ 5,387 millones- se destinó a obras de prevención; en tanto, el 5% -S/ 1283 millones- fue destinado a soluciones de vivienda y el 2% -S/ 513 millones- restante, para mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras. Se dispuso que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tenía hasta el 2021 para reconstruir las 13 regiones afectadas, aunque dicho plazo podía ser prorrogado hasta por un año, previa sustentación del Presidente del Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República, de los avances de la ejecución de los trabajos proyectados y de la necesidad de su ampliación. Sin embargo, en 2020 se acordó el desarrollo de gobierno a gobierno, con ayuda del Reino Unido, para facilitar la reconstrucción de la infraestructura.
La Contraloría General de la República fue asignada como entidad responsable de monitorear el avance y estado de las obras de reconstrucción a través de fiscalización concurrente -acompañar al gestor público y alertar ante inminentes riesgos durante la gestión de un proyecto-.
En la actualidad, debido a la presentación del ciclón Yaku que ha tenido un fuerte impacto en el norte del país, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) viene siendo cuestionada. Bajo dicha emergencia ambiental, la ARCC se encuentra en observación de máxima importancia: la Contraloría General de la República halló a 845 funcionarios, a nivel nacional y de los tres niveles de gobierno, con 1982 responsabilidades, de las cuales 715 son penales, 206 civiles y 1061 administrativas.
“De los 25 mil millones de soles asignados al proceso de la RCC, se han gastado 21 mil millones y se han hecho obras. Hay más de 9 mil obras en ejecución y 5 mil ya se han terminado. Lo que no se ha hecho es la solución de los problemas integrales en el manejo de las cuencas, en eso prácticamente no se ha avanzado nada, como las defensas ribereñas, las represas, la reforestación, entre otros”, precisó el contralor Nelson Shack en diálogo con RPP.
Además, Shack añadió que en el proceso de la ARCC se han gastado millones de soles en consultorías y estudios para obras que no son visibles ni efectivas, debido a la mala gestión y a la incapacidad de muchos funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, para atender las demandas ciudadanas.
Debido a las muchas críticas al reportarse actos de corrupción, así como que su gestión no sirvió de nada para prevenir el nuevo desastre natural como consecuencia del ciclón Yaku. la actual Presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que se enviaría al Congreso una propuesta para crear, en reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Autoridad Nacional de Infraestructura. El lunes 3 de abril el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley planteando la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la que tendría a su cargo la ejecución de diversos proyectos y programas. Además, esta nueva entidad absorbería en un plazo de 180 días a la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Esta entidad, según el Ejecutivo, tendrá entre sus objetivos estratégicos ejecutar obras emblemáticas en todo el territorio nacional; asimismo, la prevención y el control de las cuencas hidrográficas, para evitar huaicos e inundaciones y llevar adelante el mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros.
Sin embargo, respecto a la creación de esta nueva entidad y teniendo en cuenta principalmente la experiencia negativa obtenida con el ejercicio de la ARCC -en el Congreso se ha dicho, por ejemplo, que se invirtieron 4,055 millones de soles en gastos corrientes que incluyen la contratación de personal y compra de bienes-, muchas voces consideran que sería cambiar de nombre a la entidad existente para hacer prácticamente lo mismo. Otras, por ejemplo la de Mary Mollo, especialista en Gestión de Riesgo de Desastres de ESAN, opinan que es necesario clarificar las funciones y actividades de la entidad a crear, poniendo como ejemplos de falta de claridad, que en la presentación remitida al Congreso se habla de los propósitos de su creación, señalando la ejecución de obras emblemáticas, sin definir con claridad cuáles serían los requisitos para calificar a cada obra a realizar como tal; o, que tendría a su cargo el enfoque integral de riesgos de desastres, así como el manejo y prevención del recurso hídrico, sin aclarar tampoco cuáles son los alcances de dichos temas.
Por su parte e independientemente de las mencionadas críticas, a las que no se refieren, los señores Carlos Neuhaus Tudela -ampliamente conocido por su excelente gestión a cargo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 realizados en el Perú- y Yuliño Anastacio Clemente -CEO de la plataforma de Gestión Pública Govierna-, en un artículo conjunto publicado en el diario El Comercio del 16 de marzo último, sostienen la necesidad de que exista o se cree una entidad de carácter público pero autónoma, con rango ministerial, a la que se encargue el desarrollo de infraestructura -mencionan que el Perú tiene una brecha de infraestructura de US $ 110 mil millones- “que esté a la altura de las necesidades y retos que aquejan al país”. Como características de primera importancia que debe satisfacer esta entidad, con carácter de obligatorias, mencionan las siguientes cinco:
Ø Tener visión de largo plazo. Esto, porque la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que el 60 % de los proyectos realizados tardó en promedio cuatro años en realizarse y sólo el 20 % logró terminarse. Por el mismo motivo, recomienda que dicha entidad tenga total autonomía, sin depender incluso de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Ø Ser la única entidad responsable de articular y priorizar las obras públicas del país. A fin de concentrar en una sola entidad las oficinas de obras públicas estratégicas a extraer de cada ministerio con la creación de esta entidad, con lo que se reduciría costos por las economías de escala generadas. La aplicación de este requisito ayudaría a que los ministerios se dedicaran a su rol principal, llevar a cabo buenas políticas públicas en sus respectivos sectores.
Ø Dotar a la entidad de arreglos institucionales que garanticen meritocracia, legado y transmisión de conocimientos, así como acceso a cuadros profesionales de primer orden. La satisfacción de este requisito, permitiría innovar y tener capacidad de rescatar metodologías -sistemas de contratación modernos que permitan que las obras no se detengan y que desincentiven la corrupción-.
Ø La entidad a crear, debe trabajar en forma conjunta con la Contraloría General de la República, la que aplicará al efecto el sistema de control concurrente. Con este requisito, se garantizará que los proyectos sean ejecutados en los tiempos establecidos y sin espacio para la corrupción.
Ø Además de tener responsabilidad integral sobre construcción, reconstrucción y mantenimiento de infraestructura, asumir también la prevención de riesgos y desastres, así como del destrabe de obras paralizadas. Mediante la primera de estas dos actividades adicionales, se invertiría en la prevención de fenómenos naturales como El Niño, así como las consecuencias de los sismos a los que nuestro país está sujeto. La segunda actividad permitiría reanudar la ejecución de las obras paralizadas o disponer su desactivación definitiva, según se determine.
Indudablemente que lo que sugiere esta última publicación periodística bajo comentario, es el sueño de quienes pretendemos que el Perú deje de seguir cayendo y suba paulatinamente su nivel. Del señor Neuhaus todos los peruanos somos testigos de lo que hizo por la óptima realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero nadie sabe qué sería de una entidad creada para reemplazar en mucho gestiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como componentes menores de las gestiones de otros ministerios, seguramente, a la vez. Con las amargas experiencias sobre la gestión pública que todos hemos vivido, especialmente en los últimos años, no resulta recomendable arriesgarse a apostar por la creación de una entidad así.
Sin embargo y a pesar de las anteriores consideraciones, de cuya solidez no cabe dudar, creo que valdría la pena correr el riesgo: si resultara un error más, no se perdería mucho más de lo que se puede perder con las cosas como están, es decir sin la creación de la mencionada entidad, que no tiene que llamarse necesariamente como ha propuesto el Poder Ejecutivo -conforme lo reconocen los autores del artículo comentado-; pero, en cambio, si las cosas se hacen bien, es mucho, muchísimo, lo que podríamos ganar.
Por otro lado, de acuerdo a las primeras impresiones que han dejado salir a la luz pública los comentarios de algunos parlamentarios, entre ellos el Presidente del Congreso, da la impresión de que el Poder Legislativo aprobará el proyecto de ley recibido. De ser así, ojalá que los congresistas tomen en cuenta lo manifestado en el artículo que me he permitido glosar.
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