El día 17 de mayo de cada año, ha sido designado Día Internacional del Reciclaje. Con este motivo, cercanamente a dicha fecha las autoridades a cargo del Medio Ambiente, en especial ministras del Sector, se han pronunciado públicamente y, en el caso más reciente, ha promovido disposiciones al respecto. Me refiero a la señora Lucía Ruiz en 2019 y a la señora Fabiola Muñoz en 2020; esta última, generó la dación del Decreto Legislativo (DL) 1501, en el cual, de acuerdo a publicación del diario El Comercio, se precisa y amplía varios artículos de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos (supongo que se refiere a la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314).
Si bien la señora Muñoz en sus declaraciones ha mencionado la posibilidad de generar 500,000 empleos para la segregación de los residuos sólidos (que generan la basura doméstica, los restaurantes, los centros comerciales, entre otros), también pone de manifiesto que el DL 1501 dispone, de manera obligatoria, que se efectúe la segregación de dichos residuos en la fuente, así como su recolección así segregados.
Si bien esta Columna de Opinión no “tiene” que llegar al alto nivel de la Ministra del Ramo, me veo en la necesidad de manifestar que, tanto con motivo de las declaraciones de la señora Ruiz, hace un año, como las de la señora Muñoz, en el presente, les cursé cartas, vía internet, ofreciéndoles y haciendo envío de un perfil de proyecto que elaboré hace quizá del orden de diez años, en el que planteo que las municipalidades provinciales y distritales, que por ley (la mencionada 27314) están facultadas a la prestación de servicios de residuos sólidos directamente, constituyan empresas descentralizadas mediante las cuales concentren el trabajo de los recolectores diarios e informales de basura doméstica y de restaurantes, formalizándolos y haciéndolos accesibles al pago, por ejemplo, de un sueldo mínimo vital inicialmente, para luego ellas venderlas a empresas que industrializan esos residuos sólidos.
De esta forma, se podría evitar la explotación de que son víctimas dichos recolectores, quienes dicho sea de paso, por su propia actividad deben segregar lo que recogen, para poderlo negociar a quienes los explotan. Es mi opinión que, de esta manera, se podría otorgar mucho más de los 500,000 empleos que supone la ministra, porque estoy seguro que a nivel nacional es mucho mayor la cantidad de gente que se dedica a esta actividad.
Paralelamente, las municipalidades contribuirían decisivamente a la preservación del medio ambiente, así como captarían ingresos que les permitirían cumplir con parte de sus presupuestos de ejecución anual, dejando de recurrir al manido recurso de aumentar cada año los tributos edilicios, como es su costumbre.
No tengo que ser escuchado, necesariamente, pero tampoco puedo ser mudo testigo involuntario de cómo se “saluda a la bandera” al prestar declaraciones y emitir disposiciones que, después, pasan al olvido como en esta oportunidad estoy demostrando. No pretendo que se haga lo que sugiero: pretendo que se haga algo.
Según la publicación periodística, la ministra ha dicho que “esto lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo” y, que la reglamentación del DL 1501 “quisiéramos que estuviera en 60 días y tener un proceso participativo con las municipalidades”. Será fácil verificar si se da este primer paso.
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