En diversas pero aisladas oportunidades del año en curso, principalmente en su segundo semestre, he podido informarme de que se anuncian alzas significativas de los cobros que hacen las municipalidades a los vecinos de sus jurisdicciones, vía impuestos de autoavalúo y de arbitrios municipales. Estos incrementos los han decidido, prácticamente por sí y ante sí, las entidades respectivas, sin que se haya hecho público cómo han llegado a los nuevos montos a cobrar, ni qué tan bien sustentados se encuentren los mismos.
A pesar de que ya estamos a mediados del mes de diciembre de 2021, previo e inminente a los aumentos anotados, que tendrían que ser vigentes a partir de enero de 2022 próximo, a continuación me voy a referir a una sugerencia que ya he hecho, a razón de una Columna de Opinión por año de los más de tres y medio que llevo publicándolas -sin habérmelo propuesto así previamente-, mediante la cual pretendo que las municipalidades accedan a otro medio de ingreso aparte del consabido de las cargas impositivas anotadas. Esto, con el triple propósito de que, alguna vez, se deje de recurrir a los bolsillos de la gente que quiere seguir siendo formal, pero que se le “exprime” más y más; asimismo, para hacer ver que los municipios pueden tener ingresos alternativos pero que no los aprovechan por desidia, dejadez, burocracia o el conjunto de todas estas lacras; por último , pero quizás el más importante, que se actúe con emoción social, dándoles trabajo, medio de vida, a los llamados “recicladores”, que son esas personas -cada vez más- que jornada tras jornada, sábados, domingos y feriados incluidos- revisan nuestra basura doméstica, para extraer productos en desuso por los que puedan recibir algún pago, por mínimo que sea.
La Ley General de Residuos Sólidos (Nº 27314) y sus modificatorias, establecen que las municipalidades están autorizadas para formar empresas comercializadoras de residuos sólidos (expresión genérica que comprende a la basura doméstica); sin embargo, hasta donde me ha sido posible indagar, no existe una sola municipalidad en el Perú que haya creado una empresa con este fin, a pesar de lo establecido por la ley anotada. Asimismo, residuos sólidos (basura doméstica) no sólo no van a dejar de haber, sino que van en incremento, conforme crece la población en las ciudades, con el consiguiente mayor perjuicio para el medio ambiente. Es cierto que, a nivel país, existen municipalidades que hacen algo por el reciclaje, pero ninguna ha creado una empresa descentralizada para comercialización de productos reciclables, como las autoriza la citada ley.
Y, sin embargo, paulatinamente van apareciendo empresas que dedican su infraestructura productiva a la confección de artículos reciclados. Es fácil concluir, que estas empresas se abastecen de “materia prima” por medio de los clásicos recicladores ya mencionados, lo que dicho de otro modo, significa que el abastecimiento de “materia prima” para su producción, le cuesta muy poco a ese tipo de industriales, porque a los referidos recicladores se les explota en grado sumo.
Es posible que sea necesario que las autoridades competentes dicten algunas normas a las que deberán ceñirse quienes se dediquen al reciclaje de residuos en calidad de industria; por ejemplo, cuáles serán las características y limitaciones de uso que deberán reunir y aplicarse a los insumos o materia prima de cada producto -o serie de ellos- que se sacará al mercado, así como los estudios y calificaciones que deberán tener quienes trabajen en su elaboración. Sería una forma de planificar el desarrollo de esta actividad, determinar cuáles serán esas necesidades, a fin de que el futuro que se puede visualizar próximo de su aplicación -dadas las cada vez más apremiantes medidas que se deberán tomar para proteger el medio ambiente, a cuyo detrimento contribuye decididamente el exceso de residuos sólidos y la forma perjudicial para el mismo de eliminarlos mediante su incineración al aire libre- no nos coja desprevenidos, como ha sido y sigue siendo habitual entre nosotros.
El segmento de población de extrema pobreza que se dedica a las actividades de recojo, selección, clasificación y venta al menudeo de los productos en desuso que desechamos en los hogares citadinos, conocidos por el apelativo de “recicladores”, serían -deberían serlo- parte importante de la mano de obra a captar por las empresas que se dediquen a la comercialización de residuos sólidos. Constituiría un personal altamente calificado como punto de partida de toda fabricación a partir de productos reciclados y, su inclusión en el proceso, contribuiría a solucionar un problema social que ya ha alcanzado dimensiones muy amplias en el Perú.
Si bien las municipalidades no van a realizar una actividad fabril, están autorizadas por ley a llevar a cabo la comercialización de residuos sólidos por lo que, por dejadez, están desperdiciando una fuente de ingresos que les permitiría satisfacer mejor las necesidades vecinales que les corresponde, así como convertirse en entidades garantes de las actividades conducentes a convertir los residuos sólidos en materia prima para empresas que se dediquen a la actividad productiva con esos insumos, lo que siempre es una necesidad para toda empresa que adquiere materiales para su producción.
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