Durante de la presente gestión gubernamental y hasta antes de la disolución del Congreso, mucho se especuló sobre una reforma del Sistema de Justicia; entiendo que había un proyecto propuesto por el Ejecutivo al Legislativo y que debía ser evaluado, corregido y enviado al Gobierno para su aprobación y emisión, pero que nunca se llegó a concretar por problemas de nuestros políticos, demasiado conocidos.
No sé si el proyecto de ley que llevaría a cabo esta reforma, contemplaba lo que los ciudadanos comunes y corrientes vemos día a día, como necesidades de cambio y, definitivamente, no lo creo, porque nuestras diversas autoridades, no sólo las del actual quinquenio, sino todas o posiblemente todas, nunca se han ocupado de lo que el hombre peruano de a pie constata permanentemente y se siente impotente frente a tanta corrupción, desidia y dejadez de quienes tienen o han tenido a su cargo las enmiendas necesarias para cambiar el sistema.
Y, no es que en muchas áreas de la cosa pública no se requiera cambios y reformas, pero en la Justicia y cómo se imparte resulta más evidente, porque a partir de lo malo que hay en su sistema actual se producen y concretan una serie de otros males que impiden el progreso del Perú como país y de sus ciudadanos como parte integrante y fundamental del mismo.
No es posible, por ejemplo, que en definidas calles centrales de Lima pululen abogados que ofrecen sus servicios para anular o dilatar hasta su prescripción las multas de tránsito (papeletas), permitiendo así que los malos choferes, especialmente los que dedican su actividad diaria al servicio público, se burlen de las sanciones, del reglamento de tránsito respectivo y de las autoridades en general.
Tampoco lo es, que las sanciones por diversos delitos sean desproporcionadas entre sí, correspondiendo actualmente pena privativa de la libertad de doce años por robar un celular, mientras que por asesinar a un ser humano la pena pueda ser de sólo seis años, según he tenido oportunidad de escuchar hace poco en un programa de televisión local.
Tampoco puedo dejar de mencionar el hecho de que actualmente los delitos son cada vez más graves y con armas de diverso origen, que terminan cada vez con mayor frecuencia en muertes por motivos cada vez menos significativos. Asimismo, el suceso muy reciente, pero ya varias veces repetido, consistente en fuga de delincuentes sea porque son llevados a algún lugar por motivos administrativos y/o médicos o porque recién han sido detenidos, por razones que definitivamente nunca faltan, pero que no hacen sino dar lugar a que pensemos mal de sus custodios y responsables. Y, ni hablar de los feminicidios.
Estos, no son sino ejemplos que me vienen a la mente de hechos delictivos que suceden con demasiada frecuencia y, si lo hacen, es porque nuestro Sistema de Justicia deja mucho que desear. Si, por un acto penado se aplica la sanción establecida por ley, ¿por qué tiene que conmutarse o disminuirse la pena posteriormente?; si se da un fallo en la instancia judicial que corresponde, ¿por qué la ley permite que dicho fallo pueda ser apelado una o más veces, con la consiguiente dilatación en el cumplimiento del fallo, si es que no se logra la conmutación o anulación de la pena impuesta en la instancia apelada?. ¿Por qué tenemos que ser testigos, vía la prensa hablada o escrita, de autoridades judiciales, jueces, fiscales, procuradores, que venden sus fallos?
Preguntas como las anteriores nos las hacemos constantemente los ciudadanos luego de leer o escuchar las noticias que nos alcanzan los medios día a día. Yo creo que no hay sino una respuesta cierta a las mismas: el Perú requiere una reforma a fondo y en todos sus aspectos del Sistema de Justicia con que cuenta. Estoy convencido de que, si las penalidades determinadas por ley fueran revisadas concienzudamente, que si las personas que imparten Justicia fueran verdaderamente probas; que si las entidades o personas que dependen de aquellas cumplieran a cabalidad su cometido o fueran objeto de penalidades quizá más drásticas por no hacerlo; que, si en vez de cárceles que sirven de albergue (techo, comida, atención médica) gratuito a tanto delincuente de toda especie, se establecieran sanciones tipo trabajos forzados para construir infraestructura vial, que tanta falta le hace al país, vigilados por el Ejército; si se modificara, en fin, la forma de impartir Justicia, el Perú sería mejor, como país y como el conjunto de sus ciudadanos.
Todos sabemos que, cuando los grandes capitales, nacionales y extranjeros, quieren invertir, en su propio provecho indudablemente pero creando fuentes de trabajo, introduciendo nuevas tecnologías, elevando el nivel de vida en general, lo hacen en lugares donde no esperan correr riesgos para su inversión o, desean correr los menos posibles; con tanta riqueza por explotar que tiene el Perú, ¿no deberían querer hacerlo?; la respuesta se cae de madura: sí, definitivamente sí; entonces, ¿por qué no hay tanta inversión local y extranjera como cabría esperar?, porque el Sistema de Justicia Peruano deja mucho que desear.
Resulta, pues, evidente, que es necesario, a la vez que prioritario, reformarlo.
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