De un tiempo a esta parte, la seguridad en el Perú ha venido a menos y cada vez de forma más pronunciada. Conforme han ido pasando estos, digamos, últimos diez años, hemos sido testigos, primero lejanos y luego demasiado próximos, de diferentes y cada vez mayores atrocidades, desde el individuo que abusó, de cualquier manera, de su pareja o esposa, hasta barbaridades que atentan contra la integridad y la vida de las personas en cualquier lugar público de las ciudades.
Porque esto se aprecia mucho más en las zonas urbanas del país -salvo que los delitos que se cometen en las zonas rurales los desconozcamos por falta de difusión noticiosa-, lo que puede deberse en parte a que los medios de difusión cuentan con más y mejores recursos para ofrecernos mayor información sobre los hechos citadinos, que precisamente diez o más años atrás; sin embargo, la crueldad y el mayor abuso con que se cometen actualmente los actos criminales, son cada vez más evidentes: tal parece que, poco a poco, nuestras fuerzas del orden fueran retirándose, dejando el “campo libre” para perjuicio de quienes tienen la desgracia de convertirse en sus víctimas.
Cada vez que hay algún motivo de renovación de autoridades, por cambio de Gobierno en este caso, la ciudadanía en general espera mejoras en la forma que le toca vivir. Lamentablemente, no sólo con el presente, sino con los recientes equipos de gobierno que han llegado a ser las nuevas autoridades, estamos dejando de recibir este “premio” a nuestra esperanza, especialmente en el tema de seguridad. Ha transcurrido algo más de mes y medio del cambio de gobierno y, hasta ahora, no se vislumbra ninguna modificación de los métodos que aplican nuestras fuerzas del orden -si así se les puede denominar- para atacar y eliminar a los delincuentes.
Esa mejora en los métodos para combatir al crimen organizado, se requiere para que la ciudadanía, en general, no sienta que salir a la vía pública, por el motivo de que se trate, implica un riesgo, no importa la zona de la ciudad en que se encuentre; y, lamentablemente, no importa a qué ciudad o zona urbana corresponda, en todas hay riesgo aunque, por supuesto, en unas más que otras: probablemente, mientras más adelantada sea la ciudad o más actividad pública y/o comercial se desarrolle en ella, habrá más peligro para los transeúntes.
No es justo que, siendo los peruanos gente de paz en su gran mayoría, desde el extranjero -Estados Unidos, Europa, por citar ejemplos importantes- se imparta instrucciones a los posibles turistas para que no visiten el Perú y/o cumplan con determinados criterios de seguridad personal al hacerlo, por los atentados contra la seguridad pública que han llegado a su conocimiento.
Si, por citar un ejemplo, se llevan a cabo cada vez más de las llamadas “fiestas covid” en cualquier lugar de equis ciudad, tiene que ser porque no se sabe cómo evitarlas. Para este tipo de ocurrencias, en las que no se puede decir que quienes las celebran sean propiamente delincuentes, a pesar de que lo que terminan haciendo es cometer un delito, creo que una forma muy sencilla de eliminar o disminuir a una mínima expresión estos eventos, es llevar a los detenidos a lugares al aire libre, tipo canchas deportivas, para hacerlos pasar allí el final de la noche y la mañana siguiente, sin ninguna comodidad a su alcance, hasta como mínimo el mediodía y, si en muchos casos se trata de menores de edad, sólo puedan dejar el lugar de escarmiento acompañados por un adulto previa aceptación formal del o los padres o responsables, siempre a partir de la hora señalada de egreso.
Naturalmente que para los delincuentes más avezados, especialmente para quienes atentan contra la vida y la salud, se debe aplicar medidas mucho más enérgicas; como por ejemplo, llevarlos a construir carreteras, pistas y veredas a lugares en que haga falta -de eso adolece el Perú en demasía-, vigilados por la tropa de las Fuerzas Armadas a la que se debe impartir la orden de disparar a matar en caso de rebeliones y/o intentos de escapatoria. A esa gente que constituye la población penal del país, se le tiene hacinada en los centros de reclusión, sin hacer nada útil; en muchos casos, organizando más delitos desde las cárceles. Se les debe hacer trabajar, por ejemplo siguiendo la sugerencia anterior, para que “desquiten” el techo y comida que se les brinda. Adicionalmente, se debe denunciar los convenios suscritos por el Perú que prohíben la pena de muerte y hacerla extensiva a los diferentes tipos de delito que la justifiquen, desde el crimen hasta la corrupción e incluso el terrorismo.
Otro aspecto que requiere una mejora radical para que los métodos punitivos que se aplican tengan el efecto deseado, es la formación del personal policial encargado del orden público, porque: la capacitación que reciben tiene que ser muy pobre, los métodos que aplican arrojan resultados verdaderamente insuficientes, los responsables de nuestra seguridad no sólo no aplican dichos métodos en forma adecuada, sino que también son pasibles de ser “comprados” mediante alguna coima; o, dos o más de estos argumentos. Se debe, pues, proporcionar una mejor y más sólida preparación a los que luego se encargarán del orden público, proporcionarles mayores y mejores ingresos y, también, acentuar las penalidades que se les imponga por la comisión de delitos, de modo que dichas sanciones tengan mayor drasticidad para quienes al cometerlos ejercen un cargo de responsabilidad pública, sea ella para protección de la seguridad ciudadana o, de autoridad y/o manejo de información o gestión pública y cuya falta pueda ser tipificada como acto de corrupción funcional.
Es, definitivamente, hora de que las nuevas autoridades, especialmente en este caso las del Ministerio del Interior, se pongan a hacer algo útil: deben dejar de preocuparse por la ilegalidad o los aspectos políticos de quienes actualmente son cabezas o forman parte de entes con poder de decisión: ya han llegado a un lugar que nunca hubieran imaginado, ellos no son verdaderamente responsables de ocupar esos cargos y, el devenir de los acontecimientos será el medio de decisión al que se acogerán quienes hayan o no de mantenerlos en esos cargos.
En el Sector Interior, especialmente, dado el tema en tratamiento en esta Columna de Opinión, al inicio del último Gobierno de Transición se cambió -pasándolos a retiro- a 18 generales; en el presente, ya se cambió -con el mismo argumento- a la “cabeza” de las fuerzas policiales. Pero, ¿se está haciendo algo en realidad por proporcionar una mejor y mayor seguridad a la ciudadanía?
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