En días recientes, nuestra ciudad capital ha sido impactada por dos noticias que, si bien no guardan ninguna relación entre sí, han conmovido de alguna manera a la opinión pública, lo que la ha conducido a manifestarse mediante las redes sociales especial aunque no únicamente, logrando involucrar a la prensa hablada y escrita, con lo que se convirtieron, ambos casos, en motivo de acción de quienes final pero también inicialmente correspondía. A continuación, una breve reseña de ambos hechos:
Desaparición, asesinato y descuartizamiento de Solsiret Rodríguez. Este, es un caso que grafica en toda su magnitud, la indolencia de quienes tienen la responsabilidad de atender hechos en los que es de presumir, con bastante certeza, la comisión de un delito que puede involucrar riesgo para una o más vidas humanas. Demuestra, con toda claridad, cómo la policía y la fiscalía tienen actitudes de negligencia e indiferencia ante demandas de apoyo de personas que, generalmente, las ponen de manifiesto junto con otras de extremo dolor y desesperación.
A los progenitores de esta víctima de feminicidio, se les dieron respuestas que merecen sanción, por el sólo hecho de haber sido así emitidas; más aún, si quienes lo hicieron las profirieron en pleno ejercicio de la función pública que cada uno desempeñaba. Cuando ambos atribulados padres quisieron asentar la denuncia, les respondieron que ‘no saben la clase de hija que tienen’, ‘se fue con otro’ o ‘se cansó de ser madre’…..
En cuanto a lo sucedido con la propia Solsiret, hasta el momento de escribir esta Columna de Opinión, las investigaciones ahora realizadas han podido determinar que hubo una fuerte discusión entre ella y su concuñada (es una forma de decirlo, porque ambas eran convivientes de dos hermanos gemelos), consecuencia de la cual alguien propinó a Solsiret golpes en la cabeza de necesidad mortal para, luego de su muerte descuartizarla, según ya ha confesado Andrea Aguirre, principal pero no única sospechosa del crimen. Los hechos ocurrieron en agosto de 2016; partes del cuerpo de Solsiret, así como la confirmación de su muerte y la confesión parcial de Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, sólo han sido conocidos en febrero del año en curso, tres años y medio después de su desaparición, por culpa de la desidia de la mayoría de policías y fiscales que tuvieron que ver con las denuncias y búsqueda ininterrumpida de los padres de Solsiret.
Discriminación en restaurante La Panka. El 16 de febrero último, el señor José Carrión Cabrera llegó con su familia a almorzar al restaurante La Panka Bordemar, de la Costa Verde en Barranco; constituían parte de sus acompañantes, su señora madre en silla de ruedas y su hija que sufre discapacidad visual. Como es lógico, el señor Carrión quiso utilizar el parqueo y rampa para discapacitados de que dispone el local, en acatamiento de la disposición legal que así lo prescribe; sin embargo, no los pudo usar porque estaban ocupados nada menos que por el vehículo del gerente general del restaurante, de nombre Jorge Mendoza Ríos.
El señor Carrión trató de que se desocupara el lugar de parqueo, por ser lo que correspondía, pero el citado alto funcionario del local, después de discutir con el cliente dijo que, “si no le gusta, que se retire”. Con todo derecho, el señor Carrión inició una protesta vía redes sociales, en la que anunciaba que iba a denunciar el hecho ante las autoridades como un acto de discriminación.
Dos amigos de diferente procedencia, uno de ellos del extranjero, me remitieron copia de lo publicado por el agraviado a lo que contesté, al primero que leí, que me parecía totalmente pertinente dicha protesta y su anunciada denuncia, pero que me permitía hacerle el pedido de que convocara, por lo menos, a un medio de prensa para que su denuncia fuera dada a conocer públicamente, con lo que podría contar con la seguridad de ser escuchado.
Es a esta situación a la que pretendo llevar a mis amables lectores: el objeto de la sugerencia que, de alguna manera, le hacía al denunciante. A pesar de que posiblemente no haya sido de su conocimiento, dicha sugerencia era (y se consiguió) que la opinión pública le diera importancia a su reclamo; la que realmente tenía, pero que no hubiera alcanzado si el hecho no se hubiera convertido en público.
Para la mayoría de mis lectores, debe ser de conocimiento que el señor Carrión efectivamente asentó su denuncia policial; que la misma tuvo eco en medios de prensa; que Indecopi ha asumido de oficio la investigación de este caso, pudiendo llegar a aplicarse al local una multa de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (alrededor de S/ 1.93 millones); también, que el prepotente gerente general del restaurante niega en todos los idiomas haber maltratado al señor Carrión y/o a sus acompañantes; que la dueña de la franquicia reconoce la pobre calidad de persona que tiene dicho funcionario (su exesposo, para más señas); que la misma señora ha nombrado socios vitalicios en todos los locales de la franquicia La Panka a los miembros de la familia afectada, como compensación por el maltrato sufrido y, que ha cerrado el local separándolo de la cadena de la franquicia.
En el primer caso mencionado, tampoco habrían conseguido ser atendidos los padres de Solsiret Rodríguez si la opinión pública no se hubiera puesto de su parte, al conocerlo. Más, aún, es impensable, en estos momentos, que las sanciones que se impongan a quien o quienes se encuentren responsables de su asesinato, descuartizamiento y desaparición, no sean adecuadas, una vez que ya es un caso público.
Es por esto que pido, con todo respeto a la benevolencia de mis lectores, que me ayuden a difundir causas que les parezcan justas de los casos que publico en mis Columnas de Opinión y que, a su juicio, así lo ameriten.
Muchas gracias.
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