Fuenteovejuna, es el título de una novela escrita por el dramaturgo del Siglo de Oro de las Letras Castellanas, Félix Lope de Vega, llamado “El Fénix de los Ingenios” por su prolífica producción literaria -la mayor entre todos sus contemporáneos-. En esta obra, el pequeño pueblo en donde se desarrolla lleva el nombre indicado y es oprimido por su autoritario Comendador; a tanto llega la tiranía del mismo, que los habitantes del pueblo reunidos en asamblea deciden acabar con su vida, lo que llevan a cabo. Cuando se efectúan las investigaciones para encontrar al o a los culpables, todos y cada uno responden que quien lo hizo fue “Fuenteovejuna”; dado que no se puede encontrar a un culpable directo, el pueblo es perdonado.
¿A qué viene esta historia publicada en 1619?. Entre las noticias sobre delitos, asesinatos y atentados contra la seguridad pública que a diario propalan los noticieros de televisión, el jueves 25 de noviembre último, informaron -incluyendo un video de lo acontecido- de cómo pobladores del distrito limeño de Carabayllo habían capturado, desnudado y azotado a latigazos a un ladrón reincidente en la zona. ¿Quién lo hizo?; el pueblo lo hizo. ¿Por qué lo hizo?; porque las autoridades no atienden cuando piden vigilancia policial. ¿Lo piensan volver a hacer?; esa, es su decisión.
Este hecho, es un claro ejemplo del hartazgo y la necesidad que tienen -que tenemos- los ciudadanos de que se proporcionen condiciones mínimas de seguridad. El señor Avelino Guillén es el tercer Ministro del Interior en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo y, si bien se le reconoce como profesional competente desde que debió acusar, en su condición de Fiscal Supremo al expresidente Alberto Fujimori, logrando que se le aplicara una significativa condena de 25 años, desde el 4 de noviembre último en que asumió el cargo mencionado y, hasta la fecha de publicación de esta Columna de Opinión, sólo se tiene noticia de su gestión a raíz de una convocatoria al Congreso de la República a la Primera Ministra, Mirtha Vásquez, a la que acompañó junto a otros ministros y tuvo la oportunidad de mostrar que ha llevado a cabo un detallado diagnóstico de la problemática de la Seguridad en el Perú.
Esto, lamentablemente, no es en modo alguno suficiente; la población no puede conformarse con que, aparte de intervenciones prácticamente rutinarias, sólo se le informe que los focos de mayor incidencia en tal o cual delito se encuentran en A, B o Z ubicaciones en Lima y en el resto del país, sin que paralelamente dejen de ocurrir delitos graves y a cuál más brutal e incluso se produzcan más, cada vez. No aceptamos que, mientras nuestras autoridades están sentadas estudiando la solución de esta problemática, las ciudades y la ciudadanía en general, estén desguarnecidas; que los robos se produzcan en las cercanías de los locales policiales -en otro noticiero de la misma fecha anotada, se pudo ver cómo un delincuente da un “contrasuelazo” a una pobre muchacha para robarle su celular y, la comisaría de Salamanca está situada a cuadra y media del lugar de este hecho-; así como, que los delitos de cualquier magnitud se sigan incrementando.
No está bien y esta Columna de Opinión no pretende incitar a su ocurrencia, que los pobladores de determinado lugar tomen la justicia por su mano; pero está peor -si cabe la expresión- que quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestra integridad personal, la de nuestros seres queridos y la de nuestros bienes, cada vez actúen con mayor deficiencia, por llamarlo de alguna manera, que sean negligentes o incapaces -que, para los efectos deseados, viene a ser lo mismo-. ¿Es que, acaso, se podría tomar como una medida de progreso que la población se organizara para hacer justicia por su cuenta?. Como país, estaríamos retrocediendo y seríamos tildados de bárbaros, no sin razón; sin embargo, a eso nos está llevando la incapacidad de nuestras autoridades, no sólo del Gobierno actual, sino de muchos años a la fecha.
Y, no se trata únicamente del Ministerio del Interior; existe un Gabinete Ministerial, con su Premier a la cabeza, además del propio Presidente de la República, si pensamos en el Poder Ejecutivo. Además, está el Congreso de la República, que debe emitir leyes que contribuyan a lograr mejores resultados; asimismo, el Poder Judicial: de nada sirve que se capture a delincuentes de mayor o menor importancia, si los fiscales no los van a acusar en una dimensión adecuada o, si los jueces van a liberarlos de inmediato; si llegan a juicio, se imponga a los culpables penas que pronto les permitan volver a las andadas o se les conmute la pena después de algunos años de su cumplimiento, dizque por buena conducta durante el cautiverio cumplido; además, ¿por qué si un acusado es condenado a cuatro o menos años de prisión, queda en libertad bajo comparecencia, en vez de cumplir la pena correspondiente al veredicto?. Por otro lado, la carcelería que cumplen no es sino pasar por la escuela o la universidad del delito, porque cuando los reos terminan su condena, salen más avezados que cuando recién empezaron a purgarla.
Creo, también, que habría que revisar y replantear la currícula que se sigue, tanto para la formación de oficiales como para la de subalternos de la Guardia Civil: no puede ser que de las escuelas correspondientes egresen promociones de policías ávidos, en su mayoría, de “llenarse” a costa de los delincuentes -permitiéndoles continuar su vida delictiva, pero cobrándoles su “permisividad”- primero, para intentar también hacerlo a la de los ciudadanos honestos .¿quién no se ha visto obligado a “coimear” a un policía, alguna vez en su vida?-, después. A la mayoría de peruanos nos ha sido dado a conocer, en mayor o menor medida, que los “carabineros” (la policía) chilenos son incorruptibles; ¿por qué ellos sí y los nuestros no?. Con toda seguridad, la respuesta debe tener mucho que ver con la formación que reciben; probablemente, también con qué tan estricta sea la disciplina entre ellos, pero el punto de partida debe ser la formación profesional que se les imparte.
Volviendo al tema de la delincuencia, desde mi niñez recuerdo haber oído decir a mi padre que debería ponerse a los presos a trabajar en la construcción de carreteras a lo largo y ancho del Perú; por supuesto que esa idea no sólo nunca se aplicó, sino que ni siquiera se discutió públicamente. Hace poco, con el Gobierno actual, se tomó la decisión de “sacar” las tropas a las calles en apoyo de la policía nacional, para cubrir en parte su incapacidad; mucho se discutió en medios de difusión sobre la idoneidad de la medida, para finalmente dejarla de lado con la asunción del señor Avelino Guillén a la cartera del Interior. Desde esta modesta Columna de Opinión, me permito sugerir que se mande a la población carcelaria a construir carreteras y vías férreas, a lo largo y ancho del país -que buena falta nos hacen- y, que la vigilancia de estos reos, quede a cargo de la tropa del Ejército o de la Fuerza Armada en su conjunto, según el volumen de tropa que ello pudiera demandar: tanto reos como soldados desquitarían de mejor forma el costo que le significan al país actualmente, así como se dotaría de infraestructura vial a nuestra nación, con un beneficio claramente imaginable.
Definitivamente, es necesario solucionar los problemas de seguridad que afronta todo nuestro país; de no hacerlo las autoridades, las actitudes tipo “Fuenteovejuna” que menciono en los primeros párrafos de esta publicación, irán proliferando.
P.D.- Me permito recordar a mis amables lectores, que este jueves 2 de diciembre, se llevará a cabo una conferencia virtual en el área de Innovación, Educación y Tecnología, a cargo del profesor Walter Velásquez -creador de la Robot Kipi- sobre el tema Educación con Valores a través de la Familia Kipi, organizada por la ONG Mujeres Para la Acción – Perú. Para quienes deseen asistir, aún pueden registrarse hasta el mismo jueves 2 de diciembre hasta las 3 de la tarde, mediante el siguiente link:
https://forms.gle/QNdbMfEGyKdfFW7MA
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