En fecha inminente a la publicación de esta Columna de Opinión, concluirá el interregno parlamentario, con lo que el Perú deberá volver a la normalidad. Sin embargo el pronóstico, lamentablemente, no puede ser en estos momentos nada positivo. Si el Congreso anterior fue tan nefasto para el progreso del país, en estos momentos el Gobierno está dando muestras de extrema soberbia, al mostrarse sumamente altanero cuando se le han puesto de manifiesto errores de elección de tres de sus actuales ministros; una, la de Energía y Minas, Susana Vilca, por su historia bastante reciente como vice-ministra de Energía, cuando tuvo que renunciar a su nominación por poseer hasta 17 minas sin declarar y una mina informal, así como por sus relaciones cercanas con la dirigencia de la minería informal durante el gobierno de Ollanta Humala. Según el Primer Ministro, Vicente Zeballos, ha declarado -su opinión respecto a la historia personal de quien ocupa el cargo- que “todos tienen derecho a rehabilitarse”.
Los otros dos, de la Producción y de Transportes y Comunicaciones, por encontrarse en procesos legales iniciados por el Ministerio Público, por actos dolosos en cargos desempeñados en épocas bastante cercanas a la fecha. La ministra de la Producción, Rocío Barrios, ha sido acusada por el fiscal Edwin Manrique por peculado en el cargo de Directora General de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros en 2014; ella dice que dicha denuncia “no tiene asidero legal”.
Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, es investigado por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por colusión simple en agravio del Estado, cuando ejercía el cargo de Director Ejecutivo de Provías Nacional; el ministro dice que, en su oportunidad, el motivo de reclamo fue publicitado por la empresa que encontró inadecuada la decisión de la entidad en un proceso de licitación, por lo que se trata de “un hecho público”.
Los titulares de cartera en entredicho, constituyen una carga demasiado pesada para un Poder Ejecutivo que no las tiene todas consigo y que, por consiguiente, no está en condiciones de afrontarla. Bien decía un dicho de la Roma Antigua: “la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino también parecerlo”. Si los peruanos tenemos a la vista funcionarios de primer nivel cuyas conductas recientes están en entredicho, jamás aceptaremos que ellos sí, pero nosotros no, están autorizados para proceder incorrecta y/o dolosamente: la moral quedará por los suelos.
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de estos ministros en los hechos que se les imputan, lo que se decidirá en los procesos judiciales respectivos así como en un posible historial doloso de la señora Vilca, tanto el Presidente de la República que -después de hecha pública la investigación fiscal en su contra- llevó como acompañante a un acto oficial al señor Lozada; así como el Primer Ministro, quien llegó a insinuar que, ante una eventual denegatoria del pedido de confianza al Parlamento se “podría pensar en su disolución”, deberían actuar con el tino que corresponde a sus investiduras, en vez de propiciar una nueva situación difícil para el país.
Aparentemente, por las actitudes mencionadas de dichos funcionarios de los mayores niveles en el Poder Ejecutivo, ambos se habrían ensoberbecido con el poder que actualmente ostentan y que devino en tal, según ellos lo deben considerar, cuando el Presidente de la República, se entiende que apoyado y asesorado por el que de inmediato sería su nuevo Presidente del Consejo de Ministros, cerró el Congreso acogiéndose a las facultades que al efecto le permitía la Constitución del Perú, como de alguna manera ha ratificado recientemente el Tribunal Constitucional. Pues NO, no es así: quien realmente ha permitido que esto suceda, desde el cierre del Congreso hasta el proceso electoral para reemplazarlo, ha sido la opinión pública, lo que se hace evidente cuando vemos que no hubo, prácticamente, protestas ciudadanas de significación frente a la decisión aplicada por Martín Vizcarra -sólo se produjeron pequeñas, pero a la vez muy ralas, protestas fujimoristas, absolutamente lógicas porque perdían el poder de obstrucción que durante todo el presente período habían demostrado-.
Esto no han sido capaces de verlo, de acuerdo a lo que demuestran sus actos bajo comentario, tanto los señores Vizcarra y Zeballos, como sus asesores y colaboradores. Es necesario que enmienden esa forma de comportarse, porque a partir de la instalación de este Parlamento complementario, la buena armonía que debe reinar entre Ejecutivo y Legislativo, para y por el beneficio del Perú, “se va a ir al tacho” y nuestro país terminará de perder todo lo que había ganado en gobiernos anteriores.
La soberbia mostrada por el Presidente de la República y por el Primer Ministro, no puede sino dañar, más aún, la buena marcha del Perú en su conjunto.
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