En dos Columnas de Opinión anteriores (14 de noviembre de 2018 y 14 de febrero de 2019), me he ocupado de este tema tan sensible para el 10.4 % de la población total del Perú (INEI, Año 2018). Me he referido, especialmente, a la necesidad que tiene mucha de esta población, de continuar brindando sus servicios laborales a pesar de que las disposiciones vigentes faculten al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación estrecha con los empleadores, a disponer la jubilación de quienes alcanzan la edad para tal fin.
Actualmente nos encontramos ante la pandemia de COVID-19, de la cual no sabemos cuándo vamos a salir, ni cuántos ya no van o no vamos a estar; además, a los Adultos Mayores se les ha identificado como “población vulnerable”, entiendo que no tanto por su edad, sino porque al llegar al extremo de vida en que se encuentren, generalmente lo hacen con algunos padecimientos -enfermedades coronarias, diabetes, asma- que debilitan sus organismos, es decir disminuyen sus defensas naturales, por lo que no estarían en condiciones de afrontar un ataque tan brutal y fulminante como el que ocasiona el coronavirus, generador de la pandemia.
A esto se debe que se estén dictando (o pretendiendo dictar) disposiciones tales como que este segmento de población ya no puede (o, no debe) ir a trabajar (brindar servicios presenciales, realmente); no debe asistir a lugares que atraen mucho público (mercados, bancos, eventos cuando los haya); no debe, en fin, salir de su domicilio. Sin embargo, nadie ha dicho -ni podría hacerlo- que estas personas no estén en capacidad de producir: ¡lo están!, mientras no se demuestre lo contrario.
¿Qué argumentos se pueden exhibir, para demostrar algún tipo de incapacidad de esta fuerza laboral? A no ser alguno de carácter físico u orgánico, ninguno. Por el contrario, es gente que cuenta con una experiencia de vida y laboral que no tiene ninguna persona joven, por razones obvias; además, cuando el Adulto Mayor llega a su “edad de jubilación”, normalmente lo hace con un bagaje de conocimientos adquiridos durante su vida laboral, tanto teóricos como prácticos que, aunados a su experiencia, le permiten afrontar cualquier situación laboral de difícil solución con mucho mejores expectativas de éxito que sus compañeros más jóvenes. Si a esto le agregamos que la formación laboral alcanzada por cada Adulto Mayor al momento de su jubilación, tiene un costo más o menos importante, cae por su propio peso que hay un desperdicio significativo por dejar ir a quienes todavía están en capacidad de aportar de forma relevante.
Dada la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, resulta evidente que la movilización de este tipo de personal a centros laborales constituye un riesgo contra el que no se puede argumentar sin rebatimiento; pero, también se puede prescindir del desplazamiento: a efectos de evitar contagios masivos, se dispuso la cuarentena que estamos afrontando, casi por dos meses actualmente; las empresas que necesitaron continuar trabajando, sin que ello implicara atención al público, lo vienen haciendo vía el teletrabajo. Este argumento también es válido para la posibilidad de que el Adulto Mayor pueda trabajar; más, si una de las razones para no contratar a Adultos Mayores es que no se los vea en los centros laborales, como también parece suceder.
No se puede, sin embargo, dejar de lado que debe haber un porcentaje significativo de gente mayor que prefiera dejar de brindar servicios en forma dependiente, por lo menos. Por consiguiente, debería revisarse las disposiciones legales vigentes al respecto, para ofrecer a los Adultos Mayores la posibilidad de jubilarse o no, a su elección. No se puede dejar de lado que ese 10.4 % de población que ya no aporta, sino que toda ella debiera estar recibiendo actualmente una pensión de jubilación, representa una carga cada vez más onerosa al fisco, sin contar con el desperdicio económico mencionado líneas arriba.
El Primer Ministro en reciente evento del Foro Nacional, anticipó que se debe “Refundar el Estado”, a partir de "los efectos a largo plazo que la crisis del COVID-19 puede tener en el Perú" y, que "es una oportunidad más que necesaria que tenemos que aprovechar para refundar nuestro país" (tema del que se ocupó hasta cierto punto el editorial del diario El Comercio este último viernes 8 de mayo). Soy de la opinión de que dicha refundación, que sin duda tendría que corregir muchos errores de nuestros sistemas social y político (entre otros), debería modificar la denominación de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por Ministerio de la Mujer, Adulto Mayor y Poblaciones Vulnerables, o algo así, de modo de dar mayor énfasis al alto porcentaje de población que forma parte de este segmento poblacional y atender así a su problemática.
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