El domingo 15 de enero se cumplió un año del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, con consecuencias que hasta ahora no dejan de influir negativamente en la vida de mucha gente, pescadores y sus respectivas familias especialmente, pero también en la fauna marina afectada por el evento. El derrame ocurrió durante una descarga de petróleo del buque italiano Mare Doricum, propiedad de la empresa Fratelli d’Amico Armatori S.p.A, a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el distrito de Ventanilla. Se considera que ha sido el peor desastre ecológico ocurrido en Lima, porque ha dañado terriblemente los ecosistemas marino-costeros con efectos trágicos a la salud y la economía de pescadores y empresas turísticas. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al ministerio del Ambiente peruano, informó que, hasta el momento, el área dañada es de un millón 739 mil metros cuadrados y estimó que dicha cifra podría incrementarse con el transcurso de los días. Según el ente, nueve playas y dos reservas naturales protegidas se han visto afectadas, la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón.
En un principio Repsol, empresa operadora de la refinería, atribuyó el hecho al “oleaje anómalo” producido tras la erupción del volcán subterráneo en Tonga -al otro lado del Pacífico- y comunicó al OEFA que sólo se había producido un “derrame limitado” de 0,16 barriles del oro negro (unos 25 litros) en un espacio de apenas 2,5 metros cuadrados; posteriormente, las autoridades peruanas han llegado a la conclusión de que el derrame alcanzó un volumen equivalente a 11900 barriles de petróleo. El vertimiento impactó un área un poco más grande que la ciudad de París. Repsol calculó la afectación en 106 kilómetros cuadrados; posteriormente, ha aceptado que el volumen de petróleo derramado asciende al equivalente de 10400 barriles.
El Presidente de la República de entonces, Pedro Castillo Terrones, se apersonó al lugar del desastre ecológico el 24 de enero y dijo “No hemos venido a robar un centavo al país”, por el contrario, “hemos venido a contribuir a su desarrollo”, diciendo también “…. haremos que Repsol cumpla con sus responsabilidades penales, civiles y administrativas”. Una comisión investigadora del Congreso, después de una investigación en junio de 2022, llegó a la conclusión de que Repsol es la principal responsable del derrame de miles de barriles de petróleo en el mar del Perú, provocando el peor desastre ambiental en el litoral peruano, matando a cientos de animales y dejando sin trabajo a miles de personas. El informe añade que el buque de donde se descargaba el petróleo, “quedó originalmente amarrado de forma incorrecta” y que los prácticos marítimos no permanecieron a bordo del buque durante la descarga. El capitán del buque italiano, Giacomo Pisani, -quien se fue del Perú el 9 de marzo de ese año, un día después de una audiencia en la que se le prohibió abandonar el país.-, es corresponsable con Repsol, porque ambos no controlaron el vertimiento sobre el Pacífico; el documento de 381 páginas indica que la tubería de 4.5 kilómetros de largo y casi 50 años de antigüedad -que llevaba el petróleo hacia la refinería en tierra- no había sido renovada, ni recibido el correcto mantenimiento.
Según se informó en julio, “Con acción multisectorial articulada el Gobierno atiende el desastre ambiental por derrame de petróleo. Desde que se produjo el accidente, veinte instituciones públicas atendieron la urgencia ambiental, social, sanitaria y económica de la población; se informó, asimismo, que “los mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los derrames de petróleo son las medidas administrativas, los instrumentos de gestión ambiental, planes de contingencia y procedimientos, que realizan en cumplimiento de sus funciones, tanto la autoridad ambiental como el organismo regulador, avanzando en la recuperación de las zonas afectadas”.
En abril, Repsol inició la entrega de una indemnización de 3000 soles (773 USD) a los pescadores damnificados por el derrame. El 6 de setiembre, informó que más de 1,000 familias, pertenecientes a diversas actividades económicas, afectadas por el derrame ocurrido en Ventanilla, firmaron acuerdos de compensación final con la empresa; se trata de personas de los cinco distritos impactados: Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay. A la fecha de su informe, Repsol indicaba que “son cinco bonos por esa cantidad que han recibido aquellos que se inscribieron en el padrón único de afectados”.
La Fiscalía peruana abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y los funcionarios de la refinería; además, advirtió que las multas podrían alcanzar los 138 millones de soles. Autoridades de diferentes sectores del país han coincidido en exigir que Repsol asuma su responsabilidad ante el “peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempo y resarcir el daño de manera inmediata”.
Según Ana Sabogal, experta en temas medioambientales de la Universidad Técnica de Berlín y también profesora de la Universidad Católica de Perú, si se hubiese sabido desde un comienzo la cantidad exacta de petróleo derramado, los daños hubiesen sido “sin duda” menores y el petróleo no se hubiese extendido tanto. “Es desastroso lo que ha ocurrido; se debió avisar rápido sobre la magnitud, se hubiese podido evitar que muchas aves mueran”, lamenta Sabogal. Cinco días después de un derrame, agrega la experta, el petróleo se empieza a mezclar en el mar y se termina hundiendo, afectando a la fauna, no solamente a las aves en la superficie, sino también a peces. Producto de la contaminación, las autoridades peruanas han hallado muertas a decenas de gaviotas, pingüinos y otras especies marinas cubiertas de petróleo. Otras fueron rescatadas con vida.
El experto de Oxfam Perú, Miguel Lévano, critica que recién cuando el petróleo llegó hasta las playas, las autoridades se dieron cuenta de la magnitud del problema: “Este problema no sólo afecta al ecosistema, sino también a la salud de la población; muchos pescadores siguieron pescando en medio de este daño, y ese pescado llegó al mercado. También los bañistas, sin saber, seguían visitando las playas de la zona”.
Por su parte, la compañía petrolera ofrece en su página web su versión de lo ocurrido y comunica las acciones que ha emprendido para reparar el impacto del vertido. "Desde Repsol, lamentamos no haber transmitido de manera adecuada todos nuestros compromisos y acciones realizadas y asumidas para atender el impacto generado por el derrame de petróleo en Ventanilla. Nos gustaría transmitir especialmente nuestra solidaridad con todas las personas y poblaciones afectadas, y expresar un especial sentimiento por los entornos naturales y especies marinas dañadas".
“Aunque se diga que se puede limpiar, el daño es inmenso. En primer lugar por su gravedad para el ecosistema y, en segundo lugar, por la falta de respuesta inmediata de Repsol, que minimizó la situación”, explica Miguel Lévano, experto en industrias extractivas de Oxfam Perú y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDH). La Primera Ministra de entonces, Mirtha Vásquez, declaró que, según información brindada por OEFA, Repsol no sólo había dado información inexacta, sino que además no contaba con un plan de contingencia para este tipo de emergencias.
La gerente de comunicaciones de Repsol, Tine Van den Wall Bake, negó que la transnacional tenga responsabilidad en el ecocidio: “Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico”, declaró a la radio peruana RPP. Asimismo, aseguró que, tras la actividad volcánica ocurrida en Tonga, se comunicaron con la Marina de Guerra de Perú para informarse sobre una alerta de tsunami en el Pacífico. “Nos confirmaron que no y que podíamos proseguir con la carga", sostuvo la representante de Repsol. Pero la Marina dice que sí alertó sobre los oleajes anómalos. “Es ridículo afirmar que la responsabilidad la tendría la erupción del volcán o la Marina por no alertar debidamente”, opina el experto Lévano. Una empresa de la magnitud de Repsol, agrega, debe tener preparadas sus instalaciones y procedimientos ante cualquier situación de emergencia: “Estas empresas manejan incluso información satelital para planificar sus operaciones y, probablemente, pudieron haber tenido la misma o mayor información que la Marina”.
Para la profesora Ana Sabogal, fue una negligencia que, a pesar de la erupción del volcán en el Pacífico, que causó marea alta, se siguiera descargando petróleo. “Si la Marina dijo que no había tsunami, eso no es justificación. Es raro que la empresa no haya actuado, porque los planes o estudios de impacto tienen, justamente, muy detallada la hidrología, y esto incluye mareas o movimientos del mar. Aquí, definitivamente, la culpa y la principal responsabilidad es de Repsol”, asegura Sabogal.
Ante las contradicciones, el Ejecutivo ha solicitado más información a Repsol y la Marina de Guerra de Perú. Sin embargo, según la experta Sabogal, “también es responsabilidad del Estado controlar y fiscalizar que las empresas cumplan con los marcos normativos y planes de contingencia”.
Entretanto, Repsol habría ofrecido a los más de mil pescadores afectados darles canastas de alimentos y contratarlos para recoger el petróleo. Esto último, dicen los expertos, podría ser peligroso para su salud. “Este daño medioambiental puede durar hasta décadas y no se va a solucionar con medidas paliativas”, señala Lévano.
La mitad de los derrames petroleros de los últimos años en Perú, recuerda Lévano, ha sido específicamente por fallas operativas y no por desastres naturales: “Incluso un 25 por ciento más ha sido por corrosiones y falta de mantenimiento de sus equipos. Por eso hay que investigar la causa exacta de esta tragedia. Esto no puede quedar impune”.
Hasta aquí, un recuento más o menos ordenado de los hechos, de las opiniones y declaraciones producidas durante el año transcurrido desde el desastre ecológico ocurrido en Ventanilla. A continuación, copio el editorial del diario El Comercio, que hace un enfoque válido -desde mi personal punto de vista- del estado de esta situación al cabo de un año del malhadado suceso; me tomo la libertad de hacerlo, porque ha sido publicado en internet -lo que me permite entender que se convirtió en un documento público, así como porque considero que grafica con mucha claridad el estado actual de este conflicto.
Una vez conocida en toda su dimensión la magnitud del derrame de petróleo de la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol, ocurrido hace exactamente un año en las playas de Ventanilla, fue claro que este era un desastre ecológico que nunca iba a poder subsanarse del todo. Rezagos de este accidente quedarían en el litoral peruano por un tiempo indefinido. Pero si bien los impactos del vertimiento de crudo en ecosistemas como el marítimo son sumamente difíciles de revertir, eso no quiere decir que no se deban hacer los máximos esfuerzos para minimizar el daño. La experiencia internacional apunta a que es posible. No obstante, a la fecha, 12 meses después de ocurrido el incidente, eso no es lo que el país ha visto.
La empresa responsable, la española Repsol, señaló que muestreos de octubre “dan a entender que el mar y las playas accesibles estarían listas para su reactivación sin riesgo para la salud y el medio ambiente”. Sin embargo, Giuliana Becerra Celis, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), se mostró menos optimista. “Debido al oleaje anómalo, algunos restos de hidrocarburo han empezado a llegar a las playas. Para nosotros el problema no está resuelto, hay evidencia técnica de presencia de crudo en las playas. Hemos estado en campo, lo hemos visto”, dijo.
Representantes de pescadores artesanales y otras organizaciones civiles coinciden con Becerra. Los resultados de las muestras recogidas por el OEFA estarán listos en las siguientes semanas, pero por lo pronto es obvio que el problema sigue presente en una dimensión no menor. Más de 20 playas continúan cerradas entre Ventanilla y Chancay. Pescadores y pequeños empresarios que dependen de sus ingresos de verano podrían tener otra temporada perdida. Mientras tanto, ni el Estado ni la empresa parecen demasiado apurados para subsanar esta situación. En octubre pasado, por ejemplo, el OEFA ordenó a Repsol presentar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) un plan de rehabilitación. El plazo: 12 meses desde que se solicitó.
La falta de capacidad de reacción y de coordinación del Estado -entre ministerios como Producción, Minam y Minem, pero también con otras entidades públicas- dificultó que se articule una respuesta oportuna al desastre en distintos frentes. Al mismo tiempo, es imposible soslayar la responsabilidad de la empresa en este proceso que toma ya mucho más tiempo de lo anticipado. A inicios de febrero del 2022, Repsol estimaba completarlo a mediados de marzo de ese año. Es verdad que se han hecho esfuerzos para limpiar el ecosistema y restaurar parte de lo dañado, pero todo indica que estos han sido insuficientes, cuando no extemporáneos.
Desde una visión más sistémica, la mancha del derrame no ha alcanzado sólo al litoral peruano, sino también a la imagen del sector privado en general. Quienes se suelen oponer a la inversión privada bajo pretextos medioambientales poco sólidos han encontrado en el desastre ecológico de Repsol una bandera para izar con contundencia. El daño ecológico ocasionado por el petróleo parece no haber sido solucionado aún; el daño reputacional con seguridad sigue presente.
Por último, el primer aniversario del derrame debe servir para evaluar lo avanzado en términos de limpieza y reparación medioambiental, pero también para mejorar los sistemas de prevención y de velocidad de respuesta ante eventos similares. La cadena de errores en una multiplicidad de actores que nos llevó hasta aquí no puede repetirse. Y ese plan no puede tomar otros 12 meses.
Como es evidente, Repsol ha tratado en todo momento de minimizar el desastre, con el doble propósito de pagar lo menos posible por lo que es asignable a su entera responsabilidad, así como por mellar lo menos posible su imagen a nivel internacional. Por el lado contrario, nuestras autoridades, hasta el momento, no han defendido adecuadamente los intereses del Perú ni de los peruanos.
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