Debido a la norma para modificar artículos de la Constitución Política del Perú relacionados con la inmunidad presidencial y de altos funcionarios de instituciones públicas que cuentan hasta el momento con inmunidad similar por el ejercicio de sus funciones, decretada en primera legislatura por el Congreso el domingo 5 de julio último, el Presidente de la República convocó al Consejo de Estado a una reunión para tratar este asunto que pone en serio riesgo la estabilidad política y democrática del país. A pesar de que este ha sido el motivo evidente, según la agencia estatal Andina la convocatoria ha sido efectuada para “discutir acciones urgentes contra la corrupción”.
Según la información disponible, dicho Consejo es una instancia consultiva cuya existencia no está dispuesta por la Constitución ni está institucionalizada en alguna norma, por lo que sus reuniones son convocadas a iniciativa del Presidente de la República, cuando a su criterio existe un tema que requiere su deliberación con las más altas autoridades del país. Cuando son convocadas, normalmente asisten los presidentes del Congreso y Poder Judicial, así como el Fiscal de la Nación y quien preside el Tribunal Constitucional, quedando a discreción del Presidente de la República invitar a otras altas autoridades. Para esta oportunidad, la presidenta del Tribunal Constitucional, se disculpó con el argumento de que, “a pesar de su deseo de asistir, esta norma compromete las competencias del Tribunal Constitucional y, al final, va a tener que dar opinión como parte del colegiado del Tribunal Constitucional sobre lo que han hecho”.
De acuerdo a publicaciones posteriores a la reunión celebrada el jueves 9 de julio último, asistieron las autoridades ya indicadas, así como el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, así como el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Salud y el Ministro de Justicia; estos tres últimos, en calidad de asesores del Presidente de la República. Se dio a conocer, asimismo, que producto de la reunión se emitió un comunicado que daba a conocer los siguientes acuerdos:
§ Analizar, mediante un debate amplio y reflexivo, el proyecto de reforma constitucional que elimina la inmunidad a altos funcionarios, y que fue aprobado hace unos días por el Congreso de la República, en primera legislatura ordinaria.
§ Necesidad de un debate amplio y plural, con la profundidad que amerita una modificación constitucional de esta envergadura, pensando en lo mejor para el país.
§ Respaldo a la decisión del Parlamento respecto a la ley que promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos: “Esperamos que sea ratificada en una segunda votación”.
§ Resaltar la necesidad de reactivar la economía, afectada por la pandemia del covid-19: “Se requiere mejorar la eficiencia del gasto público en los tres niveles de gobierno”.
§ Subrayar la necesidad de seguir manteniendo las medidas de prevención sanitarias a fin de evitar más contagios de coronavirus: “Se acordó hacer un llamado a la población a no bajar la guardia y ser aún más responsables en esta nueva convivencia”.
Se pudo conocer, además, que el Presidente del Congreso condicionó su firma a dicho comunicado, a que se suprimiera un punto adicional, según el cual se esperaba que la reforma sobre la inmunidad retorne a la Comisión de Constitución, por lo que tuvo que ser eliminado del texto del comunicado.
Si bien los acuerdos alcanzados probablemente han requerido de un espíritu de colaboración y entendimiento de los asistentes, así como poner de manifiesto dotes de ecuanimidad y equilibrio político difíciles de suponer en algunos de los asistentes, se pone de manifiesto, con los acuerdos alcanzados, la voluntad de contemporizar de los asistentes, propugnando la mejora de las relaciones entre quienes están a cargo de los poderes del Estado, teniendo como finalidad principal el beneficio del Perú y de los peruanos.
Esto, sin duda, merece ser reconocido. Sin embargo, no se debe dejar de lado la necesidad de mantener la condición del Consejo de Estado, institución no formal pero de carácter principal desde el punto de vista político pero, sobre todo, de deliberación para el bien del país. Esto lo enuncio, porque también se informó que los asistentes al Consejo de Estado decidieron reunirse periódicamente y establecer una agenda con miras al próximo Bicentenario de la Independencia Nacional: si bien es un tema de la mayor importancia, por un lado toca al Poder Ejecutivo la tarea de organizar las actividades propias de tan magno evento; y, por otro, no se debe “manosear” la importancia de las reuniones del Consejo de Estado.
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