El Congreso de la República, en una de sus malhadadas disposiciones, ha sancionado al expresidente Martín Vizcarra con inhabilitación para ejercer cargo público alguno por espacio de diez años, por haberse vacunado contra el coronavirus y haber hecho vacunar, además, a su esposa y a su hermano mayor.
Con esto se impide, en primer término, que ocupe una curul en el próximo Congreso, cuya primera ronda electoral dio como resultado definitivo la elección de los nuevos parlamentarios, entre los que el expresidente alcanzó más de 165000 votos, la mayor votación parlamentaria.
Que el señor Vizcarra hizo los méritos suficientes para que se le castigara de esa manera, no se puede dudar; sin embargo, la oportunidad en que ha tomado esta decisión la representación parlamentaria, con unanimidad de los asistentes (86), es inaceptable: no han castigado únicamente a Martín Vizcarra, lo han hecho a más de 165000 electores que, incluso, lo hicieron el parlamentario electo más votado. Quiere decir que lo que digan 86 individuos, que por azahares del destino se encuentran con poder de decisión, vale más que todos los que consideran que este señor sería útil al país ocupando un escaño parlamentario, a pesar de esa y otras faltas que ha cometido y/o se le atribuyen.
Es más que evidente que estos inadecuados representantes a quienes mal se puede llamar “Padres de la Patria”, no saben hacer las cosas. Ellos debieron planificar y programar sus actos punitivos de modo que el expresidente no tuviera siquiera opción a formar parte de los candidatos a reemplazarlos: era preferible saber que no se podía votar por él a que un grupo de indeseables diga, posteriormente a haberlo elegido que, porque ellos no quieren, Vizcarra no podrá ejercer como parlamentario.
¿Quiénes son para torcer la voluntad popular? Con toda seguridad, cuando ellos buscaron el beneplácito de los electores para acceder a las curules que hoy ocupan, prometieron el oro y el moro -obrar de acuerdo a los deseos del electorado, por ejemplo- con tal de que se les eligiera. De hecho, con muchos de sus actos anteriores al hoy comentado, ya han demostrado su falta de idoneidad para ocupar los cargos que ostentan; pero eso no impide que resulte por demás insólito que se atente de tal forma contra la voluntad popular y nadie proteste por ello.
No es que Martín Vizcarra no se haya hecho merecedor a, por lo menos, un juicio, incluyendo como penalidad apropiada la que se le acaba de imponer por parte del actual Congreso. Sin embargo, todo tiene su momento y su oportunidad: se ha dicho, desde antes de que lo vacaran, que el expresidente será juzgado al término de su gestión en la primera magistratura de la Nación; asimismo, el actual Congreso aprobó una disposición legal, de acuerdo a la cual los parlamentarios ya no cuentan con inmunidad para delitos cometidos antes o fuera de su gestión como tales. ¿Es que, acaso, se cree que Martín Vizcarra se iba a librar del juicio con el que se le amenaza por los casos Chincheros y Richard Swing?; ¿no se podía agregar a estos motivos el del abuso de poder para vacunarse y hacer vacunar a su esposa y hermano?
Se ha permitido que los “parlamentarios de pacotilla” que tenemos, se dejen mover como marionetas por los Chehades, Vegas, Lunas, Merinos, a los que habría probablemente que agregar a unos cuantos más, para pasar a la Historia como aquellos que se zurraron en la voluntad popular.
Mucho me gustaría que Martín Vizcarra lograra, mediante el uso de recursos legales que ha anunciado, invertir este resultado. Por dos razones: porque, como digo, se ha atentado contra la voluntad popular, castigando en todo caso al infractor, pero atentando a la vez contra la voz del electorado; y, porque la entidad a la que le corresponde juzgar y penalizar a cualquier reo -y, al final, Vizcarra lo va a ser tarde o temprano, porque bien merecido lo tiene- es el Poder Judicial del Perú, que para eso está.
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