Sucedió, de manera insólita e inesperada: Pedro Castillo anunció en mensaje a la Nación -bordeando el mediodía del fijado para el debate congresal de la moción de vacancia para él, con invitación al mandatario y/o su abogado- la suspensión temporal del Congreso de la República, además de declarar en reorganización el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros, así como que iba a convocar a elecciones congresales y, entre tanto, iba a establecer un gobierno de excepción, así como gobernar por decreto.
Insólita, porque no se dan situaciones así con alguna frecuencia -nunca, en realidad-. Inesperada, porque no era de suponer que Pedro Castillo se creyera tan seguro de su poder, que anunciara públicamente las disposiciones anotadas, suponiendo que nuestras instituciones agacharían la cabeza y obedecerían sin chistar.
Sin ir muy lejos, de acuerdo a los espacios noticiosos de nuestro medio, las fuerzas policiales que le servían de escolta detuvieron el auto en el que se desplazaba por la Av. Garcilaso de la Vega -se ha conocido que con destino a la embajada de México, entendiéndose que para asilarse, lo que ya habría solicitado a Andrés Manuel López Obrador-. Por otro lado, al momento de la juramentación de la Vice-Presidenta, Dina Boluarte, como nueva Presidenta del Perú, en uno de los balcones del recinto congresal se encontraban como invitados los más altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policiales, los mismos que fueron larga y fuertemente aplaudidos por los congresistas presentes -y es de presumir que, también, por los demás civiles que asistieron como invitados a dicha juramentación-.
El Congreso -que no se puede decir que las tuviera todas consigo, porque existían dudas razonables respecto al resultado final de la votación que definiría la vacancia presidencial-, haciendo uso de la disposición constitucional (artículo 117 º) que se lo permitía, adelantó la hora de convocatoria al Pleno, para decidir sobre la vacancia presidencial que, el propio Presidente de la República le ponía en bandeja.
Demás está decir que Castillo se sirvió del ejemplo de Alberto Fujimori cuando, el 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso de entonces. Sin embargo, no fue capaz de darse cuenta que habían profundas diferencias entre ambas situaciones que, de repente, el creyó similares: las FF.AA. estaban totalmente manejadas por Fujimori, por intermedio de Vladimiro Montesinos; además, “el pueblo”, ese mismo con el que creía contar Castillo, sí estaba con Fujimori, mientras Castillo sólo contaba con “las portátiles” que hacía movilizar para efectos de imagen popular o populachera. Cabe añadir, que Fujimori ya había copado instituciones tales como el Ministerio Público y el Poder Judicial, al momento de dar su “autogolpe de Estado”.
Castillo, mal que nos pese, ha demostrado ser muy corto de entendimiento, demostrando con sus actos que creía en las mentiras que inventaba y, lo que es peor para él, suponía que los demás también las creíamos, especialmente ese “pueblo” que él usaba tan a menudo como justificación para sus actos. Al momento de escribir esta Columna de Opinión, se encuentra detenido en la Diroes, en donde también cumple condena Alberto Fujimori, paradójicamente.
De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Congreso -en la persona de su Presidente, señor José Williams- tomó juramento como nueva Presidenta de la Nación, a la señora Dina Boluarte Zegarra, hasta entonces primera y única Vice-Presidenta. De ella, se sabe que ha sido también Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, desde el 29 de julio de 2021 hasta el 25 de noviembre de 2022, fecha en que renunció al cargo por no estar de acuerdo con el nombramiento de la nueva Primera Ministra, Betssy Chávez, según trascendió entonces.
También, que fue candidata del partido político Perú Libertario -hoy Perú Libre- a la alcaldía de Surquillo en 2016, así como a una curul en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020 por Perú Libre, en ambas oportunidades sin éxito. Es de entender, entonces, que profesa similares ideas políticas -comunistas o, por lo menos, de izquierda- que las del partido por el cual postuló.
Cabe indicar sin embargo, que dicho partido, por intermedio de su Comité Regional de Lima Metropolitana, la expulsó por “quebrantar la unidad del Partido e ir en contra del estatuto, ideario, y programa, el mismo que está considerado como falta grave”; además, de romper, según el Comité, uno de los acuerdos, por haber cometido “difamación o desprestigio del Partido”. Esta sanción se debe a que brindó una entrevista al diario La República, el 23 de enero de 2022.
La señora Boluarte ha sido, también, presidenta del club departamental Apurímac, lo que hasta hace muy poco la ha venido teniendo en dificultades legales por haber suscrito documentos a nombre de esa institución siendo ministra de Estado.
Aparte de que, como es lógico, ella ha tenido que estar de acuerdo con las políticas y disposiciones en general de Pedro Castillo, al ser ella ministra de sus sucesivos Gabinetes Ministeriales, no se tiene conocimiento suficiente de su desenvolvimiento profesional -es abogada- ni político, como para vaticinar aunque sólo sea parcialmente su desenvolvimiento en la primera magistratura del Perú. Lo único que cabe, a mi juicio, es esperar que lo lleve a cabo de la mejor manera posible, porque sería para bien del país: no puedo pensar que, por tener determinado color político, su gestión va a ser positiva o negativa; quiero darle el beneficio de la duda.
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